Criminalización de los movimientos sociales

El gobierno, en paralelo a su reaccionaria política económica y laboral, ha decidido envestir frontalmente contra un derecho tan fundamental como es el de manifestación. Viendo sus "buenos" resultados en cuanto a usar las reformas legislativas para introducir medidas con intenciones meramente ideológicas, el PP va a llevar a cabo un cambio en el código penal que sancionará con no menos de dos a años a quien convoque manifestaciones (ellos lo califican directamente de "actos violentos") desde Internet. Además se equiparará el enfrentamiento con la policía en cualquier contexto (por ejemplo en una huelga general) a la categoría de acto terrorista. A esto se suma la consideración de cualquier resistencia pasiva o desobedencia civil activa no violenta (sentadas, corte de carreteras sin agresiones, ocupación de edificios o lugares públicos, etc) como una forma de atentado grave a la autoridad. Y no hay que olvidarse de otros detalles importantes, como el creciente "trato legal" contra todo el que critique o se exprese sin reparos en contra de la iglesia católica y sus símbolos, también para quien lo haga contra la monarquía. Es evidente que con esta política represiva por la vía legislativa (cuando se supone que la justicia debe ser una institución autónoma de lo político, aunque ya sabemos que eso es mentira) el gobierno de Rajoy busca desactivar las distintas movilizaciones que se han producido en los últimos tiempos, movilizaciones que han surgido en su mayor parte muy al margen de partidos políticos y organizaciones estatales, con una participación muy espontánea de la gente y con un carácter eminentemente asambleario, por lo tanto muy difíciles de controlar o canalizar mediante los resortes ordinarios con los que el régimen capitalista suele tratar cualquier movimiento revindicativo. Por ello el PP ha planeado meter en la cárcel a todo aquel que ose manifestar su desacuerdo con la remontada neoliberal que está llevando a cabo en nuestro país a costa de derechos innegociables, la destrucción de los servicios públicos y el desprecio a la dignidad de la clase trabajadora.
Quizás el gobierno piense que la movilización del pueblo se va a frenar con estas medidas, pero es evidente que no hará sino recrudecerla. A la indignación se sumará la sensación de impotencia y aislamiento, lo cual supone un coctel con un potencial altamente explosivo. Y si lo que el estado busca con todo esto es la radicalización de los movimientos sociales para tener una buena excusa para reprimir sin contemplaciones quizás se encuentre con una situación muy difícil de manejar, ya que es muy predecible que esta radicalización no afecte solo a una minoría controlable, sino que surgirá de un amplio sector de la población que ya sufre y que sin duda seguirá sufriendo las consecuencias directas de los desmanes del sistema. Sin canales más o menos legales por los que canalizar tanta rabia es evidente que la violencia, y esta vez no meramente simbólica o como consecuencia de enfrentamientos con la policía, hará su aparición de una forma u otra. Quizás el gobierno debería comprender que su política salvaje y reaccionaria no lleva a ninguna parte que no sea la miseria y el profundo descontento social, y que de hecho puede llevar a su propia destrucción. Rajoy es un presidente condenado a la dimisión, no va a acabar su legislatura, aunque está claro que se agarrará al mando de todas las maneras posibles antes de que eso ocurra. Esta reforma legislativa para impedir al pueblo la manifestación es una de esas maneras, y quizás, paradójicamente, una de las principales razones que le llevará a tener que dejar el poder.